Políticas Criminales Fallidas

Política Criminales fallidas contra las Maras en Guatemala.

Plan de Control de Pandillas Juveniles o “Plan Escoba”

    Situación social, económica y política que enfrentaba el país al momento que se implementó la política criminal

Para iniciar hablaremos de la situación social, económica y cultural del país de Guatemala antes de inicio del “Plan Escoba”, el motivo de la creación de esta política, el origen de estas pandillas o maras, el resultado obtenido con este plan y las medidas que se adoptaron posteriormente al fracaso de esta política criminal.

Antes de iniciar sobre el tema social, económico y cultural de Guatemala antes de la incorporación del plan escoba, conoceremos la historia y el nacimiento de las pandillas o como comúnmente se conoce maras, estas tienen sus orígenes según el Licenciado Julio Rivera Claveria en su libro  titulado  “MARAS, EL Fenómeno Criminal del Siglo XXI”, en los años ochenta, las guerras civiles en los países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), producen  una migración de centroamericanos a Los Ángeles California, Estados Unidos, esta migración causa que los jóvenes de estos países se organizaran en pandillas para su protección de otras pandillas ya radicadas en los Estados Unidos como la de los afro americanos y de otros grupos de emigrantes de otros países, es ahí donde nace las Mara Salvatrucha y la Mara 18 o Mara calle 18, una vez terminado los conflictos bélicos en los países centroamericanos el gobierno de los Estados Unidos inicio una deportación de indocumentados y de personas con antecedentes penales a sus respectivos países y los gobiernos de estos países no tomaron medidas para rehabilitarlos ni para incorporarlos a la sociedad, ya que no se le dio la debida importancia o no entendieron el fenómeno de estas padillas. (Rivera C. J. 2013 pág., 6-7)

Propiamente el fenómeno de las maras en Guatemala inicia a principios de los noventa por la deportación de indocumentados desde los Estados Unidos, los primeros en ingresar es un grupo denominado los “Cholos” que fueron los inicios de las actuales maras, según Rivera: estos  migrantes deportados de los Estados Unidos, desarrollaron:

 “…prácticas de organización criminal callejera de primer mundo, para ser aplicadas  en países del tercer mundo, países en que se encuentran grandes segmentos de la población  sumidos en  la pobreza, en la  desigualdad social, en la ignorancia, sin ningún tipo de  oportunidades y con altos niveles de violencia, por lo que estos países resultaron ser tierra sumamente fértil para organizarse  y crecer rápidamente.”  (Rivera C. J. 2013 pág., 7).

Una vez conociendo el origen de las pandillas y maras hablaremos  de la situación social económica y efectos políticos que pasaban en Guatemala antes de la aplicación del “Plan Escoba”.

Los efectos sociales que vivían  los ciudadanos guatemaltecos, antes del “plan escoba” según Rivera se pueden identificar en 11 situaciones aunque claramente pueden ser más mencionaremos las más importantes:

1-    La participación de los integrantes de las maras en varias actividades criminales que se realizaban diariamente producían en la población un incremento el miedo y los altos niveles de inseguridad que se percibían.

2-    Un incremento en los delitos contra la vida por la lucha que hay entre las maras por el control de las ventas de drogas y de nuevos territorios para la venta de la misma.

3-    Varios conocedores de la materia, manifiestan que los integrantes de las maras están relacionados con los asesinatos de mujeres, especialmente la mara M-18.

4-    El incremento de las muertes violentas y las prácticas de rituales satánicos para la iniciación de sus nuevos miembros, aumenta el temor de la población hacia estas personas.

5-    Las amenazas e intimidaciones de los miembros de estas maras a los escolares para que se integren a las pandillas es otro tema que afectaba y afecta la situación social de este país.

6-    Se cree que en los centros penitenciarios tanto para adultos como para los jóvenes, las maras han tomado el control interno volviéndolos un refugio y desde los cuales toman decisiones y ordenan algún tipo de delito.

7-    De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de seguridad los mareros están ligados con la protección de traslado de drogas, migrantes a través de las fronteras para su arribo a los Estados Unidos y que normalmente colaboraba con organizaciones de narcotraficantes.

8-    En algunas situaciones son utilizados por el crimen organizado y grupos narcotraficantes para infiltrarlos en las manifestaciones y así crear disturbios.

9-    El principal objetivos de las maras es crear una psicosis colectiva de terror en la población cometiendo delitos de impacto social, ejemplo seria asesinatos, ejecuciones descuartizamiento de jóvenes principalmente mujeres esto a plana luz de día para así han logrado su objetivo.

10- La promiscuidad entre los integrantes de las maras han producido una gran cantidad de embarazos y por ende un gran número de niños en la calle que al final ingresar a estas pandillas.

11- Por el temor de ser víctimas de las maras se ha incrementado la portación de las armas tanto legales como ilegales para la protección de los ciudadanos. (Rivera C. J. 2013 pág., 10,11)

Esta problemática social ha calado fuerte en la sociedad guatemalteca, por lo cual viven constantemente con una sensación de miedo, terror, inseguridad y se han, si se puede decir así se han, acostumbrado al nivel de violencia que se vive en este territorio centroamericano.

Otra de la problemática social en Guatemala antes de la aplicación de este plan, es la pobreza que enfrentaban los guatemaltecos en el año 2002 según un estudio realizado por Equipo Nizkor que está orientada a los Derechos Humanos En América Latina, menciona que entre los años 2000 y 2002 la pobreza subió de 56 % al 57 %, y de pobreza extrema del 16% al 21% y que bajo en los grupos rurales, indígenas, masculina pero que aumento en la rama femenina. (Grupo Nizkor, 2004).

Como podemos observar la situación social antes del “Plan escoba”, en Guatemala era extrema para los ciudadanos, violencia, poca educación, pobreza, desarraigo familiar, corrupción, la llegada de las pandillas aumento este problema social pos guerra, aunado a esto el poco interés por los gobiernos y entidades nacionales de Guatemala para luchar contra esta situación y al contrario utilizaron técnicas para modificar la información como por ejemplo del de la pobreza en el cual el Grupo Nizkor hace referencia en la siguiente cita:

“En términos de pobreza, de 1980 a 1993, ésta aumentó de 63.4% a 80%, es decir 1.2% anualmente [4]. Después cambió la metodología del cálculo por lo cual aparentaba que la pobreza se había disminuido. Sin embargo, los datos más recientes indican de nuevo un aumento en la pobreza.”(Grupo Nizko, 2004)

Esto sin duda dejo una puerta, una alfombra para el ingreso de las pandillas organizadas provenientes de los Estados Unidos de guatemaltecos que vinieron con un nivel alto de violencia, pobreza y especializados en delincuencia, además del poco interés del gobierno central en luchar contra estas bandas organizadas en un momento oportuno y esperaron mucho para luchar contra estas pandillas cuando se puede decir que se les salió de la mano, lo que provocó que cuando quisieron luchar contra estos grupos se les hiciera  más difícil, aumentando así la problemática social en un país ya golpeado por los efectos de la guerra civil, como por la pobreza.

El efecto económico que había y hay antes del “plan Escoba” se puede determinar entres conceptos:

1-    Obviamente la situación que se vive en Guatemala de inseguridad, la alta tasa de homicidios, secuestros extorsivos y la extorsión, han causado que la inversión tanto nacional como extranjera sea bastante baja, ya que se considera a Guatemala uno de los países más violentos y peligrosos de América Latina, la actividades criminales de las maras abarcan narcomenudeo, extorsión, sicariato, narcotráfico, trata de personas, pero la que se considera la más utilizada es la de extorsión, a los comerciantes, vendedores, distribuidores, residentes, taxistas, transportistas, empresarios, esto afecta de una forma muy significativamente la situación económica ya que estas personas o empresas deben de pagar por poder entrar a los barrios controlados por la maras para distribuir su mercadería, para venderla o simplemente para realizar cualquier actividad dentro de estas zonas, causando que la economía sea bastante mala.

Lamentablemente no hay un porcentaje exacto de esta situación ya que muchos no proporcionan denuncia al respecto. (Rivera C. J. 2013 pág. 12)

2-    El lavado de dinero por parte de las maras por sus actividades ilícitas son realizadas en empresas legales como los autos lavados, prostíbulos,  cantinas, pulperías, empresas de taxis entre otros. (Rivera C. J. 2013 pág. 13), esto provocando un descontrol en los tributos que se le deben de pagar al país ocasionando una desestabilidad económica. (Rivera C. J. 2013 pág. 13)

3-    El gran grado de la  inseguridad que se vive en Guatemala obliga a las empresas tanto nacionales como internacionales a contratar empresas de seguridad que lo que ocasiona es un aumento de los productos que al final pagan los ciudadanos guatemaltecos.(Rivera C. J. 2013 pág. 12)

Agregado de esta situación está la pobreza extrema como ya mencionamos anteriormente la personas en Guatemala que viven en pobreza extrema que ronda el 21% de la población, asociado a esta información el señor Carlos E. Galdámez González de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su publicación del 2003 con el título: “SECTORES ECONÓMICOS EN CRISIS CASOS ESPECÍFICOS: TURISMO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”, hace referencia que existe un crisis aunque el gobierno no lo aceptaba dando una ilusión al exterior de un país de mejoras para así favorecer su imagen, pero indica que:

“Comunidades enteras están padeciendo los efectos de una hambruna sin precedentes. “Los indicadores de desnutrición de Guatemala son los peores del Hemisferio Americano y están casi al mismo nivel con los observados en algunos países africanos como Bangladesh, de acuerdo a cifras de las encuestas de demografía y salud DHS (Presentación de AID 22 de octubre de 2001)” (Galdámez, 2004, pág. 4)

Claramente la situación de inseguridad en este país, ocasiona la perdida de inversión extranjera, salida de empresas nacionales o sus cierres, por las extorciones y la inseguridad y la contratación de empresas de seguridad, encarecen los productos, por lo consiguiente es el ciudadano común el que al final de una forma directa o indirecta termina pagando estos delitos, así encareciendo la vida, por lo que de forma de domino, ocasiona más pobreza lo que impide que las personas tengan una vida digna.

Las Maras, además de esta situaciones ya mencionada, limitan el ingreso de dinero al turismo esto por temor de los turistas tanto nacionales como extranjeros a ser víctimas de algún delito o peor la muerte, además el temor de la ciudadanía a ser víctima de un robo, asesinato, o simplemente ser víctima inocente de un enfrentamiento, ocasiona que los pobladores no tengan una vida social muy activa, lo que a la vez, impide que las empresas y comercios que se dedican a estas actividades tengan buenos ingresos.

Los efectos políticos como los menciona el Licenciado Rivera, que:

 “El estado guatemalteco es débil, con recursos financieros limitados, con instituciones de seguridad frágiles, penetrados por el crimen organizado, y sin los recursos humanos y logísticos necesarios para enfrentar un fenómeno criminal de esta naturaleza. Aunado a que durante muchos años se permitió, que se fuera formando grandes vacíos de poder, (ausencia de las instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad y justicia), en gran parte del territorio nacional, lo cual dejo el camino despejado para que actores armados asociados a la criminalidad, crimen organizado, narcotráfico o Maras, ocuparan el lugar de la policía  y la justicia.” (Rivera C. J. 2013 pág. 13,14)

Estos efectos políticos permitieron que estos grupos de pandilla crecieran rápido y fácil en el territorio guatemalteco sin, trabas ni estorbos lo que a su vez fomento la impunidad y el aumento desmedido de la violencia en este país hermano.

Lamentablemente el poco interés demostrado por los gobiernos de Guatemala entre la década de los 90 o la poca preparación para luchar contra este tipo de grupos organizado criminales, les facilito el rápido crecimiento y apoderamiento de los barrios, ciudades, comercios y de aumentar así su cartera criminal, la lenta y verdaderamente poco analizada política criminal para luchar contra estas pandillas permitió que estas se profesionalizaran más, y que al final se saliera de sus manos el control y así no poder disminuir su impacto tanto en lo social, económico y cultural, por lo que se puede comprender que esta situación no halla sida controlada después de más de dos décadas de haber iniciado esta problemática en este hermano país, y lo que demuestra según los conocedores es que los gobierno lo que han hecho es maquillar la verdadera situación que se vive en Guatemala.

  ¿Porque surgió la necesidad de implementar tal política criminal?

Según el trabajo de investigación realizado por Alejandro Rodríguez Barillas y Gerardo Pérez Castillo titulado “Transparentando el Plan Escoba, análisis de la estrategia policial en relación con las pandillas juveniles en Guatemala”, estos autores manifiestan que la implementación del “Plan de Control de Pandillas Juveniles” o plan escoba tienen sus inicios por la alta criminalidad que se daba en ese país a los cuales el 70% de los delitos se le achacaban a las Maras, además las autoridades de gobierno señalaban a estas pandillas juveniles como responsables de la mayoría de muertes de mujeres en este país, pero según un informe de los Derechos Humanos en el 2003 indicaban que eran las mafias y el crimen organizado los responsables de estos homicidios;

“En varias ocasiones las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la PNC han culpado a las pandillas juveniles de ser los principales autores de los homicidios de mujeres, sin embargo, el Informe Circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos del 2003 señala que, tomando como base el modus operandi y la circunstancia en que ocurren los hechos, se estima que las mafias y el crimen organizado son los principales responsables de estos homicidios.” (Rodríguez B, A. – Pérez C, G. Pág. 19)

El plan escoba planteaba seis objetivos específicos;

 “1) incautar arnas de fuego auténticas y hechizas, 2) procurar el desarme total de las pandillas, 3) desorganizar a las pandillas y limitar su campo de acci6n, 4) impedir el vandalismo de grupos pandilleros juveniles, 5) prevenir la cornisi6n de delitos por parte de grupos de pandillas, y 6) prevenir el tráfico de drogas por parte de las pandillas juveniles.” (Rodríguez B, A. – Pérez C, G. Pág. 20)

Este plan determinaba los perfiles de los que eran pandilleros, jóvenes de entre 14 y 25 años, que estaban practicando los delitos de vandalismos, drogadicción, robo, hurto, violación, distribución de drogas, agresiones de cualquier tipo, homicidios, extorción, como pandillas predominantes se mencionaron a la mara 18 y la Salvatruchay como territorio más afectados se determinó; “los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa, Amatitlan, Guatemala, todos pertenecientes al departamento de Guatemala” (Rodríguez B, A. – Pérez C, G. Pág. 20), y como marco legal este plan menciona la constitución guatemalteca y la legislación ordinaria y el cual dio inicio el día 30 de setiembre del año 2003.

Se planteó una idea para luchar contra las maras una década después de sus inicios, lo que provoco que, el gobierno luchara contra una organización compuesta por una gran cantidad de personas que ya se habían posicionado en el ámbito nacional, con una estructura muy bien definida y bien organizada en su desorganización, aplicando una política criminal sin un marco legal que la sustentara y la guiara, lo cual solo por esta situación se puede decir que no iba a dar buenos resultados, además según expertos esta política criminal “Plan Escoba”, en lugar de ser una proyecto de una verdadera búsqueda de una solución solamente era una cortina de humo para maquillar la lucha contra las pandillas o maras.

  ¿Por qué fracasó dicha política criminal?

El Plan de Control de Pandillas Juveniles o plan escoba, tuvo una duración de un año 2003-2004, este plan se aprovechó según Rodríguez y Pérez, del escaso control judicial y del ministerio público guatemalteco, esto señalado sobre las potestades que tenían los oficiales de policía para aplicar detenciones inconstitucionales, por lo que se consideró que la detención de estos jóvenes por simples sospechas o por tener tatuajes, las convirtió en penas de prisión preventivas en una pena anticipada, que se utilizó como medio de intimidación y control de ciertos segmentos de la población,  esto llevo al fracaso del plan ya que la actuación de los policías estaba siendo realizadas en supuestos y no en delitos concretos que se llevarían a un proceso judicial donde se impondrían una pena.

Por lo que se consideró que el plan escoba fue solamente un acto populista y meramente simbólico, el cual en la realidad se detenían a jóvenes aunque estos no hubieran cometido algún delito o peor sin pruebas del algún ilícito.

Otro de sus motivos del fracaso de este plan fue el abuso de autoridad y de potestades de los cuerpos policiales ya que estos actuaban de una forma violenta y lo cual degrado el profesionalismo de los oficiales. Según Rodríguez y Pérez hacen mención de la opinión de Minugua quien dice que: " en estos últimos años, las políticas del gobierno en el ámbito de seguridad publica han carecido de coherencia y en algunos casos han sido francamente contraproducentes para la consolidaci6n de las instituciones de justicia". (Rodríguez B, A. – Pérez C, G. Pág. 37)

Además indican los autores que esta política criminal fracaso, ya que se trató de combatir la delincuencia juvenil, violentando por parte de las autoridades las leyes y la propia constitución Guatemalteca como así los Derechos Humanos, ya que se practicaron actuaciones ilegales de detenciones, detenciones arbitrarias y masivas, abusos policiales, y forma indirecta corrupción, además indica que en la opinión de los altos mando policiales creen que este plan tuvo un impacto mínimo en la disminución de los delitos en Guatemala.

Esto también creo en la población una sensación de intimidación por parte de las autoridades ya que se procedía a detención de todo aquel joven que al parecer de las autoridades policiales llenaba el perfil de pandillero.

Como podemos observar la idea del “Plan Escoba”, simplemente era la detención de toda personas que a la opinión de los oficiales de policía eran pandilleros o supuestos criminales, lo que ocasionaba un gran número de detenidos de los cuales no habían cometido ningún delito demostrable ante los poderes de justicia de Guatemala, produciendo que en primera instancia saturaran las cárceles con miembros de estas pandillas lo que facilitaba una mejor organización de estas dentro de las cárceles para cometer delitos fuera de ellas, además a no tener evidencia de algún ilícito cometido prontamente saldrían de las cárceles en muchos casos se puede pensar que personas que no eran miembros de estas pandillas pero fueron detenidas por los cuerpos policiales los obligaba una vez en prisión a formar parte de una de ellas para su seguridad lo que al final le inyecto recursos a estas organizaciones criminales.

    ¿Cómo se evidenció el fracaso de esta política criminal?

La mayor evidencia del fracaso del plan escoba esta que de las aproximadas 5000 detenciones solo el 1.1% de estas fueron llevadas a un proceso judicial formal y el resto de estos fueron puestos en libertad a, esto según Carlos Gracia en la publicación en la página web inSight Crime, publicado en el año 2015,  con el título “La historia judicial fracasada contra las pandillas”.

Otro de los reportajes realizado en esta ocasión por Marcos Rodríguez con el título “ONU afirma que planes Mano Dura fracasaron y fortalecieron a maras” publicado en la página web Transparencia Activa publicada en el año 2014 hace mención que esta práctica e logar de beneficios trajeron situaciones contrarias ya que se aumentaron delitos vinculados a las maras y que la gran cantidad de miembros de estos, encarcelados en un solo lugar permitió que se organizaran de una forma más profesional dentro de las prisiones, esto según el fragmento siguiente:

 “El estudio indica que “en términos de violencia y delito, estas políticas arrojaron resultados negativos, intensificándose la violencia en los tres países. Aumentaron los delitos vinculados a las maras incluyendo de manera creciente los secuestros y extorsiones”.

Asimismo, el encarcelamiento masivo de las maras facilitó la articulación de redes delictivas en el interior de los centros penales, y la formación de estructuras más jerárquicas y mejor organizadas.” (Rodríguez, M. 2014)

Entre las evidencias que existen del fracaso del “Plan Escoba”, está en primera instancia que no tenía un marco legal que lo sustentara, además violentaba entre muchas cosas la violación de la constitución Guatemalteca de 1993 indica en sus artículos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 reza lo siguiente:

“Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Artículo 4.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.

Artículo 6.- Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán  ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.

El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.

Artículo 7.- Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación.

Artículo 8.- Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente.” (Constitución Política de la República de Guatemala, 1993)

Como así violentaba los Derechos Humanos, lo que origino que este plan que además de ser temporal no fuera extendida ya que no busco por ningún lado la rehabilitación, prevención y reinserción a la sociedad de estas jóvenes.

  ¿Qué enmiendas o mejoras se realizaron a la política criminal fallida?

Propiamente el  Plan de Control de Pandillas Juveniles o plan escoba, se inició sin un marco jurídico que lo respaldara por lo que muchos de las detenciones fueron ilegales y muchos de los detenidos nunca llegaron a un proceso judicial, por lo que se desestimó este plan ya que se inició de forma temporal y no fija en el año 2005 el congreso Guatemalteco desistió de implementar las leyes "Ley Antimaras" y "Ley para Prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada" (García, 2015), dejando a Guatemala sin un marco legal para la lucha contra las pandillas o maras.

Por lo que no se hicieron mejora o enmiendas durante la aplicación de este plan en los años siguientes después de su aplicación.

  ¿Cuál nueva política criminal se acogió en suplencia de la política criminal anterior?

Ante el fracaso del “Plan Escoba”, en el año 2005 se creó Plan Nacional De Operaciones Contra La Delincuencia “Guatemala Segura”, en la cual su principal intención sería;

 “…para unir esfuerzos, capacidad, ideales y principios en la lucha contra la delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico, secuestros, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, control de disturbios, seguridad de buses, asimismo, estará en la capacitad de efectuar registro de buses y vehículos en todo el territorio nacional, para resguardar la seguridad de toda la población guatemalteca reduciendo los índices de violencia y preservar la vida y los bienes de la familia.” (Ministerio de Defensa de Guatemala, 2005).

Este plan incluía la presencia de miembros del ejército y de la policía nacional civil de Guatemala, en la cual se dividirían en seis frentes de lucha contra la delincuencia este plan no solo incluía la lucha contra las pandillas si no era una lucha general contra la delincuencia que azotaba a Guatemala.

Este nuevo plan entre a regir en el año 2005 no para sustituir propiamente al “Plan Escoba”, ya que se constituyó como un proyecto totalmente nuevo pero desde el 2003 hasta el 2005, que se inició este proyecto no hubo por parte del gobierno de Guatemala un plan específico para la lucha contra las maras, porque se consignó esta como una nueva fórmula para la lucha contra ellas como parte de la delincuencia en general de este país. El proyecto abarco no solo las pandillas si no la gran cantidad de delitos que se daban en todo el territorio y no solo las zonas donde operan las maras.

  ¿Qué aceptación tuvo la nueva política criminal, como fue recibida?

 Este nuevo plan “Guatemala Segura” no fue muy bien recibida por parte de la población en general, ya que en la opinión de los autores del Informe “Violaciones de los derechos Humanos en Guatemala” del año 2006, proyecto que fue presentado por La Oficina De Derechos Humanos Del Arzobispado De Guatemala (ODHAG), Casa Alianza De Guatemala, Instituto De Estudios Comparados En Ciencias Penales De Guatemala, Movimiento Nacional Por Los Derechos Humanos De Guatemala y coordinado por OMCT Coordinadora de la red sos-tortura, y redactado por el equipo de investigación comprendido por Arturo Echeverría y Claudia Rivera (Casa Alianza), Claudia Paz (ICCPG), Ruth del Valle (MNDH), Nery Rodenas y Ronald Solís (ODHAG) Mariana Duarte, Cécile Trochu Grasso y Patrick Mutzenberg (OMCT, mencionan que este plan que incluía operaciones tales como;

“…Operación Caracol; medidas de seguridad a implementar en el posible paro de labores en las áreas de salud y de seguridad hotelera; operaciones antidelincuenciales a gran escala en el departamento de Petén, seguridad para el área cedida en concesión para la explotación petrolera Rubelsanto (al norte del país), seguridad turística durante las fiestas agostinas (fiestas religiosas del país), patrullas en carretera para seguridad del sector de transporte a nivel de seguridad nacional, seguridad de ruta mediante puestos de control en operaciones Caracol; operaciones de seguridad ciudadana en la zona 3 de la ciudad de Guatemala (considerada zona roja y controlada por el narcotráfico, especialmente el área denominada El Gallito), acción regional operativa contra pandillas y maras, denominada Operación Ángeles; unidad especial del núcleo central de redacción de la Policía, operativos de despistolización y verificación de acuerdos gubernativos, apoyo a la seguridad durante la celebración de la feria titular de los municipios en los diferentes departamentos; operativos de despistolización y verificación al interior; seguridad durante la Festividad Internacional de la Cultura de Paz, seguridad de grupos turísticos que se desplazan hacia diferentes puntos, especialmente hacia Antigua, Cobán, Chichicastenango y Panajachel (lugares de gran afluencia turística), con apoyo de cobertura policíal; operativos de despistolización y verificación cumplida, acción regional operativa contra pandillas y maras, denominadas Operaciones Oveja; seguridad presidencial en algunas actividades, seguridad durante la visita de los vicepresidentes y personalidades.” (Echeverría, et al. 2006, pág. 36).

Estos mismos investigadores (Echeverría, et al, 2006, pág. 37,38), indican que desde la puesta en práctica de este nuevo plan empezaron denuncias de crueldad, tanto inhumano como denigrantes hacia las personas por parte de las autoridades y que estas aumentaron en un 128%, las torturas 57%, en muchos de los casos denunciados por esto abusos por parte delas autoridades policiales hubo una sanción mínima contra los oficiales y que en la mayoría de los casos lo que hacían era trasladarlos de unidad, para las organizaciones de defensa de los derechos humanos que aunque no pueden demostrar que el gobierno utiliza una estrategia de violación de derechos humanos si pueden determinar una falta de interés por parte del gobierno Guatemalteco en detener esta violaciones y garantizar que todos los ciudadanos gocen de sus derechos humanos plenamente.

Además estas organizaciones acusan directamente al gobierno de que: “…no asume su papal de protector de la vida e integridad de las personas, por lo que es corresponsable de muertes, asesinatos y violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.” (Echeverría, et al, 2006, pág. 39).

Es por esto que es claro de pensar que la ciudadanía en general no estaba de acuerdo con esta nueva política criminal ya que de cierta manera se podía pensar que ya no se estaba seguro por las pandillas ni por el gobierno.

Como se ha observado en esta investigación los programas, planes o intentos por luchar contra las pandillas en todas ellas según lo estudiado siempre violentaba los derechos humanos, la constitución, las leyes y en muchos casos crearon nuevos delincuentes ya que los cuerpos policiales abusaban de su poder lo que al final ocasiono una degeneración de las políticas criminales de Guatemala.

Como conclusión general podemos ver que la situación social, económica y política, en los años anteriores de la aplicación de la política criminal “Plan Escoba” en Guatemala, permitió que este método de delincuencia callejera en tierra fértil para su proliferación lo que aunado a la poca experiencia e importancia que les dieron los gobierno de turno a las pandillas procedentes de los Ángeles, California Estados Unidos, facilitara su rápido crecimiento, ya una vez implementado esta política sus hierros fueron muy grandes ya que esta plan no fue planteado para rehabilitar, re insertar o prevenir las maras, sino más bien fue un plan para darle a los ciudadanos una ilusión de seguridad, pero lamentablemente este plan no fue sustentado en un marco jurídico que lo respaldara, además este plan violentaba la constitución guatemalteca y los derechos humanos esta parte es la que más preocupa ya que aunque la obligación del gobierno de ese año era respetar la ley y la constitución los cuerpo policiales rompieron y violentaron estas, lo que al final permitió que la aplicación de este plan en lugar de solucionar los problemas de la maras les inyecto recursos ya que muchos de los aprendidos que no pertenecían a una pandillas se aliaron a estas para su seguridad además permitió que los prisioneros miembros de alguna pandilla utilizaran las cárceles como medio de centro de organización para mejorar sus actividades delictivas.

Lo que más llama la atención es que este plan y el que vino posteriormente es que no se buscó en primera instancia un marco jurídico que lo respaldara haciendo que en el mayor de los casos los detenido quedaran en libertad ya que no se les detenía por un delito si no por un supuesto por su apariencia, además que nunca en sus políticas criminales se presentó un plan de rehabilitación, prevención o de reinserción de estos  jóvenes, es preocupante pensar que esta política solamente se encamino a la detención de los jóvenes, nunca se visualizó una plan completo con medidas alternas como, educación, mejorar de trabajos, una mejora de la economía para alejar a estos jóvenes de la delincuencia, métodos en los cuales se buscara que estos joven se convirtieran en elementos importantes de la comunidad.

Este plan como otros aplicados en centro américa para luchar contra la plaga de las maras han fallado en todos los casos ya que nunca se buscó, la eliminación de lo que motivaba a los jóvenes a ingresar a estas organizaciones   y lo único que busco fue la prisión como la única medida para solucionar esta problemática.

Si estos países quieren llevar a un mejor norte sus políticas criminales contra el flagelo de las maras, deben de tener una política completa y ramificada en la que involucren organizaciones de derechos humanos, religiosos, sectores sociales y económicos, comunales en que sus armas no sea solamente la represión de las maras si no también la prevención, la reinserción y rehabilitación de los jóvenes que además de ser fácil de manipular por las maras viven una situación social y económica en la cual ni les permite buscar una mejor opción que no sea las maras, un gobierno que busque complementaria mente una política en la que la educación, la preparación profesional de sus pobladores, mejoras en la situación económica que permita que tanto los jóvenes como los adultos tengan una opción de trabajo con un salario competitivo permitirá aplicar una política criminal que al final verdaderamente de un resultado positivo para la lucha contra las maras.

Bibliografía

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